El decreto ley, que deberá ser ratificado en el plazo de 30 días por el Congreso, al haberse tramitado como iniciativa urgente incluye también pequeñas modificaciones en la llamada tasa a los laboratorios, un pago de entre el 1,5 y el 2 por ciento de la facturación que deben realizar las compañías farmacéuticas a Sanidad para financiar la investigación biomédica pública y el Instituto de Salud Carlos III.

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